El gobernador Ricardo Quintela ratificó la norma que rechaza los límites fijados en 1968. La disputa involucra áreas estratégicas para la actividad minera y turística, lo que generó un fuerte rechazo institucional en San Juan.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgó la Ley N° 10.876, una normativa que ratifica formalmente la posición de su administración respecto al reclamo territorial sobre áreas que actualmente se encuentran bajo la jurisdicción de la provincia de San Juan. Con la entrada en vigencia de esta norma, el Poder Ejecutivo riojano quedó habilitado para iniciar acciones políticas y judiciales destinadas a revisar el trazado vigente, abriendo la posibilidad concreta de dirimir la disputa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La disputa legal e histórica cuestiona la delimitación interprovincial establecida en 1968 durante un gobierno de facto, mediante la Ley Nacional N° 18.004. Desde la gobernación riojana argumentan que dicha definición perjudicó los intereses de su provincia, por lo que la nueva legislación prevé la creación de herramientas técnicas y administrativas para recopilar antecedentes históricos, jurídicos y cartográficos que fundamenten el planteo de revisión en el Congreso de la Nación y los tribunales.
El área en conflicto posee un alto valor económico y productivo, ya que abarca zonas con recursos naturales estratégicos. Entre ellos se destacan sectores vinculados al desarrollo minero del Distrito Vicuña, como el proyecto Josemaría, así como bienes de interés turístico y cultural, entre los que se encuentra el Parque Provincial Ischigualasto, conocido como el Valle de la Luna.
La medida del Ejecutivo riojano recibió un rechazo unánime por parte del arco institucional de San Juan. Semanas atrás, la Cámara de Diputados sanjuanina aprobó por amplia mayoría una declaración que reafirma la plena vigencia de los límites fijados en 1968 y ratificados por el Congreso. Distintos sectores de esa provincia interpretaron la promulgación de la ley como un intento de apropiación de recursos y regalías, y vincularon el resurgimiento del reclamo con una estrategia política para desviar la atención de la situación económica de La Rioja.